Nada nuevo bajo el sol. – .

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Según el Centro Virtual Cervantes, la expresión “nada nuevo bajo el sol” significa que “lo que parece nuevo puede no serlo, porque todo tiene su precedente”. Este dicho encaja perfectamente con la reciente propuesta del Ministerio de Educación Nacional (MEN) de ofrecer un régimen de retiro voluntario a los docentes que estando jubilados continúen ejerciendo la profesión docente. El vocero de esta propuesta es el Viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, Hernando Bayona.

Esta propuesta se compone del grandilocuente lema de “jubilación digna para una vida dedicada a la docencia”, pero en realidad es un nuevo intento del neoliberalismo de pisotear los derechos adquiridos durante décadas de lucha por la educación digna en Colombia. Pero entonces, ¿dónde ha aparecido antes esta propuesta?

La Ley 715 de 2001 es un instrumento de precariedad del gasto público creado para “organizar la prestación de los servicios básicos de educación, salud y saneamiento”, es decir, para conformar el sistema general de participaciones (SPG).

Segundo, el Acto Legislativo 01 de 2001 crea una fórmula de transferencia que hoy desfinancia al SGP. Las necesidades sociales están creciendo más rápido que los recursos. Así, no sorprende que el artículo 26 de la ley 715 disponga que:

“ARTÍCULO 26. Bonificación por bajas voluntarias. El Gobierno Nacional podrá instituir un bono para los docentes y directivos pedagógicos jubilados que voluntariamente dejen el servicio.”

Posteriormente, en 2014, la Fundación Compartir publicó el informe “Después de la excelencia docente: cómo mejorar la calidad de la educación para todos los colombianos”. Es un documento centrado en la “calidad de la educación” (p. 2), basado en el “desempeño en pruebas internacionales de conocimiento” (p. 12).

Observamos aquí el sesgo principal del informe: equiparar la calidad con el rendimiento de la prueba, una fórmula estrecha, oportunista y fácil que permite a los autores identificar rápidamente a un culpable: el maestro. Fieles al paradigma neoliberal de disponer de los recursos públicos como si fueran recompensas, proponen:

“premiar a los docentes, rectores e instituciones educativas destacados de manera que estimule y visibilice su labor. Además, este tema contempla un esquema de transición y, en el largo plazo, un esquema de retiro voluntario y gradual de los docentes regido por el antiguo estatuto” (p. 26-27).

El problema señalado por los autores del informe es la existencia de “dos estatutos con diferentes incentivos y reglas de juego para los docentes”. Luego definen los tres caminos restantes para los maestros de 2277:

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“Los docentes que se encuentran bajo la Ley 2277 también podrían acceder a estos beneficios (los autores proponen beneficios, como la creación de un plan de vivienda para docentes), ya sea aceptando que sean evaluados con las herramientas y procedimientos previstos por la Ley 1278 (que les permite para acceder a bonificaciones y becas de máster o doctorado) o entrar en un régimen de transición voluntaria para pasar completamente al nuevo estatus (en cuyo caso podrían beneficiarse plenamente de todas las propuestas descritas anteriormente). Además, se ofrece un programa voluntario de jubilación anticipada con un importante incentivo monetario” (p. 388)

Finalmente, los autores explican brevemente en qué sería el régimen de jubilación voluntaria, para no dejar dudas sobre sus desventajas para los docentes que se benefician de él:

“Los docentes que decidan jubilarse anticipadamente recibirían un incentivo monetario equivalente a un porcentaje de sus ingresos futuros esperados, el cual tendría en cuenta las posibilidades de promoción y retiro según edad y rango en la escala” (p. 389).

En las siguientes páginas de este informe se desglosan los costos de la iniciativa y sugiero leerlo a los docentes que deseen leerlo. Creo que la ligereza de esta propuesta deja fuera dos aspectos que he tenido en cuenta.

  • Muchos docentes que se jubilan y siguen trabajando lo hacen por los bajos salarios y el recorte salarial que se produce al llegar a la edad de jubilación (75% del salario). La lucha es por un salario profesional con acceso universal. Actualmente, hay menos de 3.000 docentes de los dos decretos con un salario de más de 5 millones de pesos (fuente: informe: “memoria, el sindicalismo y sus luchas”)
  • Otros continúan trabajando por su amor a la pedagogía y su compromiso con la educación pública. ¿No valdría realmente la pena aprovechar la experiencia de estos docentes e involucrarlos como líderes de proyectos que ahora llevan a cabo empresas privadas?

La propuesta de Bayona ve al profesorado mayor de 60 años como un estorbo o, en el mejor de los casos, un gasto innecesario para la racionalización del presupuesto público, un error más para indicar que se quiere reducir recursos.

Lo que necesitamos es avanzar en cerrar las brechas: invertir en infraestructura, reducir el parámetro alumno-docente, crear equipos interdisciplinarios de orientación escolar y, por supuesto, nombrar a los miles de maestros provisionales que dieron su vida por la educación pública en el país.

Finalmente, quiero dejar las siguientes preguntas sin respuesta. ¿Qué porcentaje recibirían realmente los maestros que aceptan? ¿Los maestros que acepten serán reemplazados por trabajadores temporales? Si hubiera concurso, ¿quedarían excluidos los profesores mayores de 45 años?

Nada nuevo bajo sol

 
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