Al menos 169 líderes sociales fueron asesinados en Colombia en 2022

Al menos 169 líderes sociales fueron asesinados en Colombia en 2022
Al menos 169 líderes sociales fueron asesinados en Colombia en 2022
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BOGOTÁ—

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó a los grupos armados ilegales a sumarse a la iniciativa de “paz total”, sin embargo, y pese a su reacción de aceptar la propuesta, los líderes sociales se dedicaron al cuidado, defensa y promoción de los derechos humanos. derechos en sus territorios continúan siendo victimizados por guerrillas, grupos paramilitares y narcotraficantes.

Las cifras documentadas por la oenegé Indepaz son similares a las entregadas por la Defensoría del Pueblo de Colombia, la única organización estatal que registra esta información, según la cual hasta el 28 de octubre se habían contabilizado 157 asesinatos contre los 169 informados por la oenegé a fecha.

“Ser líder social implica muchos riesgos, es poner en peligro la vida y la estabilidad emocional y económica de la familia, cuando el líder es quien sostiene a la familia, cuando el líder es aquel a quien la comunidad escucha y sigue”, le dijo a la voz de America Carlos Mauricio Muñoz, líder social que defiende los derechos de su comunidad en el Bajo Cauca, en el departamento colombiano de Antioquia, región donde, según cifras de la Defensoría del Pueblo, se reporta el mayor número de homicidios contra esta población.

Explicó que “el riesgo es muy alto porque en muchos casos no hay garantías”.

“Los líderes deben ser interlocutores con los grupos armados que hay en el territorio, con todos los actores armados que llegan, tantos casos nos estigmatizan por tener que ser un puente entre estos grupos y la comunidad”, agregó Muñoz.

Una familia de campesinos colombianos en el departamento de Putumayo, en el sur del país, una de las zonas con mayor número de homicidios contra líderes sociales. Foto: Camilo Álvarez, VOA.

Muñoz dijo que sufrió acoso y amenazas en carne propia por defender los derechos de su comunidad. “No solo se defiende el territorio contra grupos armados, sino también contra políticos y empresas privadas. Hemos defendido el oro, la tala y otras explotaciones que han terminado afectando a las comunidades y todo esto termina generando malestar entre todas aquellas personas que tienen interés en el territorio”.

Camilo González, director de Indepaz, dijo a la VOA que el “retraso e incumplimiento de los acuerdos de paz con las FARC fue uno de los factores que contribuyeron a los asesinatos y a la persistencia de la violencia” por lo que “es fundamental una política de Estado para proteger a los líderes sociales” asegurando que en los últimos años ha habido “un déficit de éste para garantizar su protección”.

“Hay funcionarios directos, sicarios y grupos armados operando en los territorios. Pero detrás de ellos están las mafias, los lavadores de dinero que tienen poder, control y que están acostumbrados a la violencia y la guerra como contexto o práctica para enriquecerse y que siguen actuando por la omisión de políticas públicas e iniciativas estatales que ahora (el gobierno) busca corregir con la política de paz total”, agregó.

Los líderes sociales que más han sufrido la violencia de estos grupos como el Clan del Golfo, los grupos narcotraficantes, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC, son los representantes de la comunidad con 51 casos, seguido de indígenas con 32, comuneros con 26 y campesinos con 14.

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Los departamentos colombianos donde se ha presentado el mayor número de homicidios contra líderes sociales son Nariño, Cauca, Putumayo, Antioquia, Valle del Cauca, Arauca, Bolívar y Norte de Santander.

“Hago un nuevo llamado a los grupos armados ilegales a respetar la vida e integridad de líderes y defensores de derechos humanos, ellos juegan un papel fundamental en la garantía de los derechos de las comunidades y el fortalecimiento de la democracia en las regiones”, se lee en el comunicado de la Procuraduría. Defensor del Pueblo.

Líder social en conversaciones con grupos armados en el departamento colombiano de Nariño, en la frontera con Ecuador. Foto: Camilo Álvarez, VOA.

Organizaciones presentan planes para contener la situación

Organizaciones sociales como la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, la Plataforma Colombiana por los Derechos Humanos, la Democracia y el Desarrollo, el Programa Somos Defensores y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, envió el mandatario de Petro un documento para que el gobierno implemente una política especial para la prevención de estos delitos.

Esta propuesta se compone de cinco ejes y tiene 3 objetivos iniciales: generar una respuesta rápida, implementar acciones preventivas e iniciar la configuración de una política pública de garantía.

Respuesta del gobierno colombiano

En septiembre, el Ejecutivo anunció la instalación de Puestos de Mando Unificados por la Vida (PMUV) en las zonas más amenazadas, lo que implica la participación de diversos actores estatales como fuerzas militares, gobiernos locales, órganos de control de organismos como la Defensoría del Pueblo y el Congreso Comisión de Paz.

El gobierno dijo que con esta medida busca avanzar en acciones de prevención y protección para garantizar la vida de líderes sociales y defensores de derechos humanos.

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