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Según detalla la entidad, serían, de media, anualmente, 6.000 expedientes cerrados. En lo que va de año, por ejemplo, estamos hablando de 5.361 recetas por día, por lo que hay 19,8 casos que se concluyen sin una resolución clara.

Según cifras del Consejo Superior de la Judicatura, de 2019 a septiembre de 2022, 26.694 causas penales prescribieron, es decir, vencieron su vigencia en los tribunales del país para ser resueltas. Según detalla la entidad, serían, de media, anualmente, 6.000 expedientes cerrados. En lo que va de año, por ejemplo, estamos hablando de 5.361 recetas por día, por lo que hay 19,8 casos que se concluyen sin una resolución clara. Además de las cifras que este organismo tiene en su registro, también existe una lista de delitos con mayor probabilidad de prescripción en Colombia. Los que lideran este grupo de delitos están vinculados a ataques a bienes económicos.

El hurto, el fraude, la administración desleal, entre otros relacionados, son los que más tienden a ser olvidados. Durante el período mencionado anteriormente, se estimaron 5.045 casos relacionados con estos delitos prescritos. Entre el conjunto de delitos que tienden a quedar satisfactoriamente inconclusos se encuentran los que afectan la seguridad pública, delito que contó con 3.384 prescripciones. Le siguen los delitos que afectaron la salud pública, con 3.365 recetas; contra la vida e integridad personal, 2.514, y contra la familia, con 2.382 prescripciones.

En cuanto a los delitos individuales, los que más prescripciones tienen son los relacionados con el narcotráfico, con 830 de ellos entre 2019 y 2022; tráfico de armas, que tiene 750 pedidos; escasez de alimentos, con 437 y hurtos agravados, con 392 plazos.

Según argumentaron los expertos al diario El Tiempo, hay varias razones por las que esto está sucediendo. Abogada Dalila Henao. por ejemplo, señaló, a este medio nacional, que una de las razones tiene que ver con fallas estructurales. “Creemos que es riguroso establecer el crecimiento de la factoría de personal, que se materializa en más despachos para la jurisdicción penal y más fiscales a cargo de las investigaciones”declaró, por su parte, a este diario, Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ).

Dentro de la misma norma, el plazo de prescripción de los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y delitos sexuales contra menores no puede ser inferior a cinco años. REUTERS/Luis Jaime Acosta

Esta misma entidad ha señalado en efecto que en 2021, por ejemplo, había en promedio 11,6 jueces, 9,2 fiscales y 7,8 defensores por cada 100.000 habitantes. Además, el experto explicó que para ese año hubo una alta congestión de casos, de hecho, de diez casos, seis quedaron sin resolver. Por otra parte, según cifras de la CEJ, en 2021 ingresaron al sistema penal oral acusatorio 1.425.905 procesos penales. Al final de este período, 6.958 causas penales estaban prescritas.

Cabe señalar, de acuerdo con la normatividad colombiana, un delito prescrito para tener en cuenta la pena máxima establecida en el Código Penal. Los límites no pueden exceder los 20 años para la mayoría de los delitos. En cambio, no puede exceder los 30 años por delitos relacionados con desaparición forzada, tortura, asesinato de sindicalistas, asesinato de defensores de derechos humanos, asesinato de periodistas y desplazamiento forzado.

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Dentro de esta misma norma, el plazo de prescripción para la comisión de delitos considerados de lesa humanidad no puede ser inferior a cinco años. crímenes de guerra y crímenes sexuales contra menores.

En concreto, este año, en relación con el último delito mencionado, el Ministerio Público declaró: “El interés de erradicar la impunidad no puede traducirse en la adopción de medidas político-criminales que mantengan por tiempo indefinido el acceso de las víctimas a la administración de la justicia”. justicia. que sacrifican, de paso, la protección de las garantías procesales de los imputados. En efecto, la extensión indefinida de la duración de la investigación y el proceso penal genera dificultades en la recolección de pruebas materiales y prueba física que afecta los derechos de las víctimas y de los imputados, especialmente cuando se trata de delitos de esta naturaleza.

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