Buró busca perdón social y acogimiento familiar con carta a Petro

Buró busca perdón social y acogimiento familiar con carta a Petro
Buró busca perdón social y acogimiento familiar con carta a Petro
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En una carta al presidente electo Gustavo Petro, el grupo criminal conocido como La Oficina se ha sumado al plan de esclavización de grupos armados que ha anunciado con entusiasmo el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, y que sería bandera de gobierno y parte del llamado perdón social que tanta polémica ha generado.

Con La Oficina montada en este bus, al gobierno de Petro se le suma una estructura de miles de hombres que dominan la delincuencia en Medellín y en varios municipios del departamento. El caso es que no se trata de una propuesta aislada, es la respuesta a planteamientos que antecedieron a la campaña presidencial y que hasta ahora se han mantenido en secreto.

La misiva, fechada el 28 de julio y ya recibida por integrantes del equipo del Pacto Histórico, e incluso conocida por el propio Leyva, dice: “Después de varios gobiernos fallidos y planes de sometimiento, esperamos recibir su llamado a la construcción de la paz total. , lo cual sólo será posible en la medida en que tenga la grandeza de reconocer la urbanización de la guerra en Colombia”.

EL COLOMBIANO, quien recibió copia de esta carta, pudo corroborar que es veraz y cuenta con la autorización de varios de los llamados coordinadores del Negociado, entre ellos los que se encuentran en prisión.

Además, fuentes que han tenido contacto con el Gobierno y que son emisarias de La Oficina han asegurado que en esta negociación también se han instalado otras bandas que no forman parte del grupo colegiado.

Ahora bien, no todo es tan simple como parece. Los capos abogan por que se les permita “recibir” justicia, un punto bastante polémico, pues para muchos no está claro cuáles serían los términos de este personaje.

La carta dice al respecto que el gobierno debe facilitar “nuestra aceptación de la justicia, tal como está estipulado en el acuerdo de paz de La Habana y como lo propone la sociedad civil organizada. Ley de acogida que debe incluir también un trato diferenciado para los integrantes de nuestra organización que nos permita avanzar en la transición de nuestro liderazgo y el fortalecimiento de nuestras capacidades, para contribuir a romper los círculos viciosos de violencia, injusticia social y militancia infantil. y jóvenes en grupos armados”.

La carta se hace pública luego de que el propio Leyva hablara sobre las intenciones de estos grupos armados: “Una cosa es el sometimiento y otra la aceptación, donde hay propuestas y ellos (las bandas criminales) van a ver si las aceptan o no; es algo diferente Luego finalmente dan la bienvenida al final del diálogo y lo acordado. Naturalmente es algo que queda por desarrollar, no es que haya una partitura”.

Historia del perdón social

Por supuesto, como intenta dar a entender el nuevo canciller, se trata de una figura que queda por desarrollar, pero que ya tiene mucho camino por recorrer.

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Según contaron algunas fuentes a este diario, en épocas de campaña, varios emisarios históricos del Pacto buscaron reunirse con abogados y líderes sociales que habían trabajado anteriormente en proyectos de sometimiento con pandillas. En Medellín, uno de ellos es Sinergia, que ahora está detrás de la creación de un plan de diálogo en el que están presentes el gobierno, los grupos armados, los actores religiosos y la sociedad civil.

Precisamente uno de los documentos con los que el Pacto histórico intenta construir su propuesta de perdón social se basa en un enfoque sinérgico de los “beneficios” del acogimiento familiar.

Por eso no es extraño que Petro y Leyva realmente piensen en el acogimiento familiar, que según Sinergia “es una figura política, social y jurídica, que brinda instrumentos al ordenamiento jurídico, incentiva la construcción de escenarios de paz y tiene una filosofía los principios que valoran dialécticamente demuestran la enorme diferencia que existe con la Ley de Sumisión (…) que debe ser discutida, convocada y apelada a todas las organizaciones al margen de la ley, para que otros grupos que no forman parte de nuestra organización, deseen beneficiarse de eso”.

La propuesta es criticada por varios sectores, que consideran que se podría ofrecer impunidad a narcotraficantes y grupos sin estatus político. Esta no es una propuesta nueva, pues en 2015 la misma organización estuvo en La Habana para presentar un documento a los negociadores del gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, quienes en un principio pensaron en reconciliar a las pandillas, pero la idea no prosperó. t. ponerse al día

Y es que en esta oportunidad se interpuso el fiscal Néstor Humberto Martínez, quien advirtió que el gobierno de Santos no podía pagar ese costo político. En esta ocasión, Sinergia, junto al vocero de los combos de Medellín, habló del “pacto social”, un concepto muy similar al del perdón social de Petro.

La llamada Oficina dice en su carta que desde 1995 iniciaron un supuesto proceso de atención al conflicto armado urbano, “que institucionalizamos en 1997, en el penal de Bellavista, donde asumimos un compromiso con el país para contener el avance de la violencia y buscar la elaboración de pactos de respeto a la vida y de no agresión entre los grupos en confrontación”. Para los estudiosos del conflicto, estos pactos no son más que formas de mantener en la clandestinidad a las empresas ilícitas.

El caso es que desde hace mucho tiempo los grupos armados urbanos han estado buscando la forma de negociar, pero no les ha funcionado, porque es muy difícil aceptar la idea de que tienen una disputa política con el Estado, cuando se trata de obvio que detrás de sus movimientos se esconde el narco. Y si ahora son positivos sobre las posiciones de Gustavo Petro, será difícil que el Congreso se involucre en un proyecto donde el riesgo de impunidad sería enorme.


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