Declaran incompetente a la madre que asesinó a sus hijos

Declaran incompetente a la madre que asesinó a sus hijos
Declaran incompetente a la madre que asesinó a sus hijos
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los Corte Suprema dijo Johana del Carmen Montoya Rosario, una madre que asesinó a sus tres hijos y luego le cortó las muñecas y el cuello, incompetente.

La mujer fue condenada en dos casos a 60 años de prisión.sin embargo, el alto tribunal la declaró incompetente y emitió una medida de internamiento por 20 años en un centro psiquiátrico.

Según los magistrados, Montoya actuó en un episodio psicótico desencadenado luego de que encontrara a su padre realizando un acto sexual abusivo con uno de sus hijos menores.

Mujer sufre de trastorno esquizofrénico y escuchó voces que le decían que se suicidara.

De hecho, la mujer duró varios meses sin recordar lo que había hecho.

Actuó sin poder discernir el reproche de su comportamiento.porque en ese momento su capacidad de interpretar el mundo y el significado de sus acciones se vio significativamente afectada”, dijo el tribunal.

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Este es el comunicado emitido por la Corte Suprema:

La Corte Suprema de Justicia ha aclarado que los jueces están obligados a aplicar el enfoque de género no solo en los casos en que la mujer sea víctima de un delito sexista, sino también cuando sea ella quien lo cometa y ‘se pueda inferir razonablemente que estos hechos están vinculados con el hecho de que sufrió o sufre violencia de género.

Asimismo, el Tribunal llamó la atención sobre la valoración de la culpabilidad de la mujer condenada en el contexto de violencia de género desde una perspectiva de género.

A juicio de la Sala, en el presente caso deben tenerse en cuenta las circunstancias de vida y el contexto social, cultural y económico, así como el entorno de maltrato, abuso y violencia sexual sufrido por su padre desde la niñez y exclusión dentro de su familia. Situación que la llevó a abandonar su hogar antes de los 12 años.

La sentencia recuerda que la acusada quedó embarazada por primera vez a los 15 años, nunca recibió apoyo de los padres de sus hijos, no tuvo acceso a la educación más allá del segundo año de primaria, además de padecer trastornos esquizoafectivos durante los cuales nunca han recibido tratamiento.

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“Lo que se acredita, entonces, es que siempre, desde la primera infancia y hasta la ocurrencia del delito investigado (…) vivió en un contexto de discriminación sexual abierta y explícita, manifestada en agresiones de todo tipo –sexuales, psicológicas, económicas e, incluso, institucional, razón por la cual ha sido privada de muchos de sus derechos más básicos, como tener una familia, recibir educación y recibir atención médica. En definitiva, el derecho a llevar una vida digna y sin violencia”, subraya la sentencia.

La Corte advierte que este contexto es importante por ser “la manifestación de una profunda violencia de género”, por lo que debió ponderarse esta realidad, realizando una apreciación contextual del delito desde una perspectiva de género, lo cual fue relevante para examinar la culpabilidad del imputado, la necesidad de una sanción y la posibilidad de reconocer que actuó en circunstancias menos punibles.

Para la Sala de Casación Penal, si bien no existe una obligación internacional o nacional específica o explícita para los jueces de juzgar a las mujeres acusadas de haber cometido delitos desde una perspectiva diferencial, dicha obligación se deriva de las imposiciones generales establecidas en las normas internacionales sobre el enfoque de justicia. . y en el derecho interno, que buscan corregir y superar las desigualdades y discriminaciones contra las mujeres.

Según el comunicado, la inequidad se manifiesta principalmente en la perpetración recurrente de actos de violencia de género contra las mujeres.

Pero también se materializa en “la creación y perpetuación de condiciones de vulnerabilidad de todo tipo que en ocasiones se vinculan directa o indirectamente con la comisión de delitos por parte de las mujeres y, en tales hechos, son relevantes –y deben ser ponderadas– para su adecuada comprensión y juzgamiento”. del fenómeno delictivo.

“Así, lo que impone el enfoque de género en estos casos es el examen cuidadoso de la situación contextual del delito, a partir de una adecuada y completa comprensión de las estructuras que, en general, determinan las condiciones de vida de las mujeres, a fin de identificar la posible existencia de infracciones antecedentes de discriminación sexual que puedan estar implicados como causa directa o indirecta, total o parcial, del hecho ilícito”, precisa la Corte.

Si bien siempre se deben considerar las particularidades de cada hecho delictivo, la Sala destaca la importancia de la perspectiva de género y el análisis de los contextos de violencia de género, tanto por parte de jueces como de fiscales, para examinar factores como las circunstancias de mayor o menor punibilidad o la capacidad de autodeterminación.

No obstante, la Sala matiza que siempre que se acusa a una mujer de un delito, se debe presumir que lo cometió motivada por una situación previa de violencia de género, ya que es perfectamente posible que en un determinado caso esta situación no exista o que no existe una conexión razonable con el delito. Lo que el enfoque de género reconoce –y nos obliga a reconocer– “es que las mujeres son, en la mayoría de los casos, [los hombres] y por la existencia de estructuras sociales, familiares y económicas de orden patriarcal, colocadas en situaciones de vulnerabilidad, así como por el hecho de que, por esa misma razón, sufren violencia que no afecta a los hombres, lo que generalmente es evitado por administradores de justicia”.

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